Lo novedoso de la reunión que mantuvo el martes el Grupo de Lima es que, por primera vez, el gobierno de Alberto Fernández decidió patear el tablero con un espacio que rechaza. Desde que asumió, el 10 de diciembre pasado, nunca adhirió a uno sólo de sus comunicados, pero ayer por primera vez ningún representante de la diplomacia argentina se hizo presente en el encuentro, que fue virtual.

Esto abre varios interrogantes: el primero es sí con la excusa de que integra desde hace semanas el Grupo Internacional de Contacto con Venezuela, el Gobierno va a renunciar al Grupo como lo hizo al llegar al poder el mexicano Andrés Manuel López Obrador, hace casi dos años. Por lo demás, hay una serie de razones por el faltazo de Argentina ayer, algunas claras, otras contradictorias.

Por otro lado, una de los derivados más inquietantes de esto es si el Gobierno va a retirar las denuncias por crímenes de lesa humanidad que avaló ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Nicolás Maduro y jerarcas de su régimen. Se trata de una carpeta que en su momento presentaron el canciller Jorge Faurie y su secretario de Asuntos Latinoamericanos, Leopoldo Sahores, en el marco de las denuncias que presentó la OEA y que avaló el Grupo de Lima. Lo hicieron junto a la región y por instrucción de Mauricio Macri.

El hecho mismo de que el espacio multilateral haya sido una adhesión de Macri es en sí una de las razones implícitas del rechazo actual por parte del Gobierno en su idea de desmantelar la política exterior anterior. Con ello se compensa la crítica de los sectores cristinistas que desde julio pasado vienen presionando al Presidente y a su canciller Felipe Solá para que no condene a Venezuela. Asi lo mostró el embajador actual ante la OEA, Carlos Raimundi, lo que causó inmensa polémica.

La semana pasada, el cristinismo duro cruzó a su propio Gobierno porque este avaló el informe de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que da cuenta de los crímenes, detenciones y torturas que se cometen en el país caribeño y se pidió la continuidad de una misión que los investiga. Si bien algunos aspectos de la negativa a participar y a firmar las declaraciones del Grupo son explícitas, otras razones son contradictorias o confusas como el hecho mismo de que fue el Grupo de Lima el que promovido la misión de expertos de la ONU que investiga si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que el Gobierno apoyó.

Como lo hizo siempre, el Grupo de Lima renovó este último martes a Juan Guaidó como presidente encargado y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas. El Gobierno de Alberto Fernández retiró ese apoyo a Guaidó y a su embajadora en Argentina, Elisa Trotta Gamus, apenas asumieron. Pero nunca se fue del Grupo de Lima como le reclamaron este fin de semana diversos dirigentes. Al mismo tiempo, están pidiendo junto al régimen de Maduro que eleven a Embajador el rango del representante argentino en Caracas, donde desde 2015 hay encargado de negocios.

El Grupo de Lima expresó la urgencia de que “se investigue a fondo las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, y hacen un llamado a las autoridades internacionales competentes a redoblar sus esfuerzos sobre este asunto”. Para el Grupo, en Venezuela hay crisis humanitaria, económica, política, social y ambiental, la cual viene siendo agravada por los efectos de la pandemia, así como su impacto en la seguridad y estabilidad de la región y sus implicaciones internacionales.

El Gobierno no comparte nada de lo expresado. Sostuvo ayer que “la Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global”

Pero después de esas contundentes diferencias, hay contradicciones que muestran que el Gobierno lo que quiere es estar con administraciones del Mercosur que hoy están en veredas contrarias, sobre todo Brasil.

“La Argentina comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, sostenían ayer en Cancillería para justificar el faltazo al Grupo. Es lo que siempre dijeron. También que reiteraban “su apoyo al valioso trabajo que viene realizando la Alta Comisionada Michelle Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”

Pero eso mismo es lo que respalda el Grupo de Lima, que al mismo tiempo considera que la crisis debe ser resuelta por los venezolanos y no avaló nunca una intervención como advierte la administración actual argentina

El Grupo de Lima sí avaló sanciones a los funcionarios del régimen chavista y con ello disiente el Gobierno de Alberto. Sin embargo, al participar del Grupo Internacional de Contacto, Argentina está metida dentro de un espacio que integra la Unión Europea, que sí mantiene sanciones contra el régimen.

​Otro punto de confusión no menor. Es que Argentina avaló las elecciones legislativas del 6 de diciembre que busca realizar Maduro. El Grupo de Lima las rechaza y ahora también la Unión Europea. Se desconoce dónde quedará Argentina integrada al querer complacer las partes en conflicto.

Fuente: Clarin